El Apostillado de la Haya se refiere al convenio firmado en el año 1961 donde los países firmantes acuerdan suprimir la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjero. De esta forma los documentos públicos de uno de los países firmantes del convenio, que lleven el apostillado de la Haya son válidos en cualquier otro país dentro del acuerdo.

El trámite “Apostillar” es una legalización única, y resulta de colocar en el mismo documento público que se desea apostillar una nota que certifica la autenticidad del documento expedido en otro país.

Desde el día 16.02.2019 el Reglamento 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, se encuentra en vigor para reconocer documentos públicos, lo que significa que la burocracia se agiliza al no ser necesario “apostillarlos”.

A nivel práctico, por ejemplo, un matrimonio casado en Francia o Alemania no necesita apostillar el certificado de matrimonio que se expida en dichos países, España ha de aceptar en sus administraciones y juzgados dichos documentos y darlos por válidos.

Del mismo modo, tampoco tienen los interesados que mostrar el original del documento público y su copia certificada.

Tampoco se exigirá una traducción jurada de los documentos públicos emitidos por un país miembro de la Unión Europea.

Las administraciones solo pueden pedir que se traduzca en casos excepcionales.

No obstante, puede pasar que un juzgado en España, dude de la autenticidad de un certificado de nacimiento, en ese caso, lo tiene fácil, pues puede comprobarlo a través de la plataforma informática IMI (Sistema de Información del Mercado Interior)

Los documentos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de este Reglamento son los diplomáticos y consulares, las actas notariales, documentos judiciales y los certificados oficiales sobre documentos privados.

Ahora bien, hay que dejar claro que solo estamos hablando de que esos documentos sean auténticos o no, otra cosa bien distinta es el reconocer los efectos jurídicos dentro de España.

Se necesitará un proceso judicial en España para que los efectos del divorcio de Italia se reflejen en España, eso se hace a través de un procedimiento llamado exequatur.

De esta forma, España no podrá pedir la apostilla sobre documentos que versen sobre determinadas materias.

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